RAQUEL DO CARMO SANTOS
PAl menos cinco mil personas fueron desplazadas de sus hogares por la construcción de la central hidroeléctrica Irapé, ubicada en el río Jequitinhonha, Minas Gerais. El grupo, formado en su mayoría por agricultores, se enfrentaba a graves dificultades, incluida la falta de suministro de agua. La Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Mosquitão, en el río Caiapó, cuenca de Araguaia – una de las más pesqueras del mundo – fue construida en un lugar donde la variedad y cantidad de peces atraen a muchos turistas y pescadores. Además del problema ambiental, la obra provocó pérdidas económicas que generaron impactos en toda el área aledaña al proyecto.
Falta de transparencia
Es uno de problemas
Lejana de la realidad brasileña, pero no menos problemática, la hidroeléctrica binacional (Argentina y Paraguay) de Yacyretá, cuya obra implicó un proceso que duró 20 años, provocando el reasentamiento de más de 50 mil personas, entre indígenas, pescadores y agricultores. . Estos son sólo algunos de los ejemplos enumerados por la economista María Fernanda Pinheiro en su investigación sobre los problemas sociales e institucionales causados por las centrales hidroeléctricas en Brasil y en el exterior.
“El sistema tiene obstáculos y cuestiones complejas que no se abordan adecuadamente. Las negociaciones no son transparentes y la carga recae, en la mayoría de los casos, sobre quienes son expropiados. Además, la mayoría de los procesos aún tienen temas pendientes por resolver”, explica la economista, que presentó su tesis de maestría en la Facultad de Ingeniería Mecánica (FEM).
A través de informes y documentos del Ministerio Público, análisis de noticias publicadas en Internet e investigaciones de campo, María Fernanda estudió el impacto social de la construcción de siete centrales hidroeléctricas brasileñas y 12 internacionales, de diferentes países, incluida una de las más controvertidas y conflictivas. obras, las Tres Gargantas, ubicadas en China. Es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. Su construcción está llegando, directa o indirectamente, a más de mil millones de personas, incluidas personas reasentadas y desplazadas.
El mecanismo para implementar una central hidroeléctrica es relativamente complejo. En Brasil, empresas especializadas desarrollan tanto Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como Informes de Impacto Ambiental (RIMA) a solicitud del empresario, para su posterior subasta. Los trámites son necesarios para obtener la licencia previa. “Hay muchos intereses, tanto de empresarios como de autoridades públicas. En varios casos, están involucrados grupos internacionales. Los problemas aparecen invariablemente de manera contradictoria. Falta diálogo para resolver los problemas”, dice María Fernanda.
El estudio, dirigido por el profesor Arsênio Oswaldo Sevá Filho, también apunta al aumento del costo económico de la construcción de centrales hidroeléctricas. Según María Fernanda, los ejes viables para la implementación de proyectos están cada vez más alejados de los centros consumidores, lo que dificulta y encarece la estructura constructiva. “Un ejemplo es el caso de las obras de Santo Antônio y Jirau, en el río Madeira, y de Belo Monte, en el río Xingu, esta última también involucra otras cuestiones como la expropiación indígena”, explica.
En opinión del economista, en los últimos años se han logrado logros. Actualmente, para la implementación de una central hidroeléctrica, el proyecto debe pasar por evaluaciones rigurosas, ya sea a través de Estudios de Impacto Ambiental o audiencias públicas, o a través de las acciones del Panel de Inspección del Banco Mundial frente a las manifestaciones de los afectados. Por tanto, las centrales hidroeléctricas enfrentan más resistencias y, además, hay escasez de lugares para construir represas, ya que los ejes más cercanos a los centros consumidores se están volviendo económicamente inviables para la construcción de centrales hidroeléctricas.