Rectores, rectoras y académicos de la UDUAL en reunión con los Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
Nosotros, rectores y rectoras y académicos de Universidades públicas y particulares de América Latina y el Caribe, reunidos con los titulares de las Cancillerías de los estados de nuestra Región, convocados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, presidente pro tempore de la CELAC, e invitados por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), frente a la crisis sanitaria, económica y social desatada por la pandemia de COVID-19, manifestamos lo siguiente:
La propagación del virus Sars-CoV-2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y, sobre todo, humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones mencionan a mediados de mayo de 2020 más de 5.3 millones de casos confirmados de COVID-19 y una cifra superior a 342 mil muertes en el mundo entero. Además, estas estimaciones coinciden en que el desempleo afectará a muchos millones de personas y, en consecuencia, la pobreza aumentará considerablemente. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.
La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta con propuestas aisladas. En cada país se requerirán esfuerzos integrales y colectivos, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados. En la dimensión regional e internacional, con una economía muy entrelazada no se podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados.
En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones: en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a sus vecinos; del mismo modo las decisiones que un gobierno adopte tendrán repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.
Esta compleja interconexión de países, economías y pueblos revela que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; reconociendo, a decir verdad, que se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.
Es también la hora de la compasión, de identificarnos con el sufrimiento ajeno; es la hora de la generosidad, de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento; es la hora de promover soluciones conjuntas y consensuadas que permitan avanzar en soluciones a la actual crisis y conducirnos a una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.
Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta es una decisión difícil, considerando que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y que, por ello, las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento cotidiano.
La pandemia está alterando sustancialmente la manera en la que vivimos y afectará nuestra manera de vivir en el futuro inmediato. Nuestra única defensa frente a la expansión de la COVID-19 ha sido el confinamiento. Buena parte de los gobiernos de los países decidieron que sus poblaciones se mantuvieran en sus casas, como medida de protección frente a la brutalidad expansiva del virus, pero también porque los sistemas de salud pública habían sido prácticamente desmantelados por gobiernos que instrumentaron reformas de mercado, fueron privatizados o simplemente nunca fueron desarrollados. Muy pocos casos en América Latina y el Caribe se salvan de este estado de cosas.
El estallido de la infección mostró, salvo contadas excepciones, que los años de globalización quebraron la capacidad de respuesta estatal en materia de salud ante desafíos epidemiológicos, o de cualquier otra naturaleza. La decisión de que lo privado debía privilegiarse frente a lo público ha costado miles de vidas y costará millones de puestos de trabajo perdidos, con los evidentes impactos en el bienestar social.
Sabemos que hay ya un colapso económico significativo, que se propagará por varios meses y que reducirá la producción mundial, y de cada uno de los países. La disminución neta de las actividades productivas provocará desempleo masivo, que a su vez disminuirá la demanda, lo que se convertirá en una espiral recesiva que no se revertirá fácilmente.
La prioridad indudable en estos momentos es reforzar los diezmados sistemas de salud públicos, protegiéndolos presupuestalmente. En todos los países tenemos que acordar que la responsabilidad con la salud pública no puede privatizarse. La pandemia muestra que es indispensable reforzar sustancialmente la capacidad de atención de nuestros sistemas públicos de salud. Muestra que, además, el modelo de formación de profesionales médicos en la región tiene que adecuarse a requerimientos fundamentales de la salud pública. La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ALAFEM, ya está ocupándose de ello.
Una segunda prioridad es que los estados nacionales latinoamericanos instrumenten, de inmediato, medidas para proteger a la parte de la población que está siendo golpeada duramente por la crisis y que no tiene la posibilidad de defenderse por sí misma. Además de los programas que hasta este momento se han empezado a aplicar, parece necesario ampliar la escala de intervención aprovechando formulaciones que permitan paliar, de manera inmediata, los severos impactos que ya está enfrentando la población más vulnerable: las familias que reciben remesas de nuestros migrantes han visto que el flujo se interrumpió abruptamente; los millones de informales con los que cotidianamente nos relacionábamos, han visto que sus posibilidades de subsistencia precaria se han detenido; decenas de millones de trabajadores del sector formal de la economía han visto interrumpidos sus trabajos ante las restricciones sanitarias impuestas por los gobiernos; millones de trabajadores por su cuenta que, del mismo modo, hoy carecen de ingresos. Este enorme conjunto solo puede ser atendido a través de programas de entrega directa de ingresos, por lo menos durante tres meses, aprovechando la idea del ingreso ciudadano universal.
Es evidente que nuestros estados nacionales enfrentan un severo problema de restricción de recursos. La situación demanda recursos de los que disponer inmediatamente en proporciones de entre el 3 y el 5% del PIB. Al mismo tiempo, reconocemos que nuestros países están entre los que presentan una aguda concentración del ingreso. Una posibilidad importante para corregir significativamente los altos niveles de concentración es a través de una política impositiva progresiva. El ejemplo de los países nórdicos es contundente. Requerimos profundas modificaciones en los esquemas impositivos nacionales que permitan que el estado cuente con los recursos necesarios para hacer frente a desafíos epidemiológicos como el que ha planteado el coronavirus.
Sin embargo, aunque lograran aprobarse reformas tributarias sensiblemente progresivas, los recursos estarían disponibles en un año y medio. Por eso es indispensable trabajar el frente de la deuda pública. En diversos ámbitos se ha planteado que hay espacio para endeudamiento externo público neto adicional y, en efecto, lo hay. Pero, como es obvio, esos recursos habría que pagarlos con una prima adicional relacionada con el riesgo, que por cierto es determinada por lo que bien podemos denominar el oligopolio calificador. Las calificadoras han castigado, en el curso de la pandemia, a diversos emisores de deuda latinoamericana, tanto pública como privada. Este castigo ha elevado la prima a pagar.
Junto con estos planteos de que es necesario tomar deuda, se han propuesto alternativas mucho más equitativas. La primera sería adoptar algún manejo de las deudas externas que sea menos opresivo a las finanzas públicas. Se estima que el pago de intereses de esta deuda representa entre el 3 y el 5% del PIB de nuestros países. Dada esta evidente sangría de recursos es posible plantear que mientras se vivan las consecuencias económicas del confinamiento de nuestras poblaciones, se elimine el pago de intereses y comisiones de las deudas externas contratadas por nuestros gobiernos, tanto con entidades financieras privadas, como con organismos financieros internacionales. En este sentido se propone aprovechar la experiencia reciente en la Unión Europea sobre los fondos destinados a enfrentar la pandemia, que no pueden ser considerados como préstamos, sujetos, además, a “transformaciones estructurales”.
El futuro de la Humanidad está en riesgo. La crisis es una oportunidad para corregir situaciones que, a la luz de los que hemos vivido, resultan absolutamente inadecuadas. La solidaridad global es un valor por construir, para hacer uso de ella. En nuestro caso, en América Latina y el Caribe, las circunstancias abren la posibilidad de poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización había puesto en el olvido. Es de nuevo el tiempo para que juntos, gobiernos y sociedad civil, en particular gobiernos y universidades, nos asociemos para enfrentar juntos la contingencia.
Finalmente, más allá de la respuesta inmediata que la emergencia nos impone, tenemos la obligación de diseñar un nuevo modelo de desarrollo que reduzca la vulnerabilidad económica, tecnológica y social de nuestros países que sido expuesta por la pandemia. Pensábamos hasta ahora que la vulnerabilidad era localizada en algunos sectores de la población y regiones del territorio. La pandemia nos muestra que la fragilidad de nuestros países es mucho más amplia y profunda. Es deber de todos, gobiernos, sociedad civil y, en particular, universidades, aportar para hacer realidad un modelo de desarrollo que garantice mayor bienestar y seguridad para todos los ciudadanos.
Dr. Alejandro Villar, Rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina.
Dr. Mariano Laplane, Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil.
Dra. Silvia Odriozola, Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana (UH), Cuba.
Dr. Henry Mora, ExDecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dr. Orlando Delgado Selley, Director Ejecutivo del Consejo de Evaluación y Acreditación (CEAI-UDUAL).
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dr. Roberto Escalante Semerena, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Dr. Rolando Cordera Campos, Director del Programa de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUED-UNAM).
